Un nuevo informe sobre la crisis de Venezuela, reveló este jueves la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; en donde denunció la situación de los derechos humanos en el país, en especial las ejecuciones extrajudiciales.
En su intervención publicada por diversos medios internacionales y nacionales; Bachelet enfatizó que “continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad”, denunció la ex presidente de Chile.
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“A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales. Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir similares y poner fin las ejecuciones extrajudiciales”, precisó.
De la misma manera, afirmó que, “desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando. Se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria”.
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Bachelet durante su intervención hizo un repaso sobre la situación petrolera de Venezuela; en la que indicó que “según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes. Mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”
Rechazó situación de los migrantes venezolanos
Asimismo, Michelle Bachelet se refirió a los venezolanos que abandonaron su país y murieron en otras naciones. “La muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020; fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar. Así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas”.
A través del portal Infobae, se conoció que Bachelet, saludó “las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”.
Sin embargo, manifestó su preocupación por “los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco -indígena de la étnia Pemón detenido en el Rodeo II-. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial”.
En este sentido, la Alta Comisionada sostuvo que “la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONG’s, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.
Preocupada por reducción de los espacios cívicos
Por otro lado, alertó sobre “los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares, relató Bachelet.
Además, detalló que “al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares. Tan sólo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”
Recalcó que “no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.
Por último, la alta comisionada de la ONU se refirió al acto eleccionario de diciembre; en la que enfatizó que su oficina documentó “al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas. Se documentaron declaraciones que condicionaban el acceso a los programas sociales al ejercicio del voto.
“De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones”, concluyó Bachelet.
