De acuerdo a un fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU, a partir de este lunes el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, cuenta con el apoyo para terminar con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.
La decisión pone en juego la deportación de un aproximado de 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 1.000 sudaneses y 58.000 haitianos, quienes se encontraban amparados por esa protección migratoria; que concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Según la información reseñada por la agencia de noticias EFE, tres jueces del tribunal con sede en Pasadena, en California (EEUU). Comentaron que «El panel anuló una orden judicial preliminar que prohibía la implementación de decisiones de rescisión del TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador».
Protección Migratoria y Discriminación Racial
Los magistrados descartaron, en el documento, que detrás de la decisión del Gobierno del presidente Trump, de acabar con las protecciones migratorias, existiera discriminación racial; ya que es uno de los argumentos que presentaron los denunciantes a la medida.
Señalaron que los demandantes «no presentaron ni siquiera argumentos serios sobre su reclamo».
La información destaca que, a falta de confirmación oficial, se espera que los extranjeros protegidos por el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS); y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, impugnen esta decisión.
En relación a ello, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y CASA Maryland expresaron su rechazo al fallo.
ACLU señaló en un comunicado, «Si la decisión se mantiene, estos residentes legales desde hace mucho tiempo que fueron bienvenidos a EEUU porque sus países estaban sumidos en la violencia o los desastres naturales podrían ser deportados; dividiendo a cientos de miles de familias estadounidenses».
Por su parte, una beneficiada por el TPS, y activista salvadoreña miembro además del grupo CASA Maryland, Elsy Alfaro, dijo estar «devastada» por el fallo judicial. Exhortó al Congreso estadounidense actuar para proteger a todos los amparados por el TPS; quienes viven «en la incertidumbre porque su situación legal está en debate».
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