El Grupo de Lima rechazó las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el próximo 6 de diciembre; y solicitó que el informe de la ONU sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, sea examinado por la Corte Penal Internacional.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum; indicó que el informe representa “un paso adelante para pedir que haya justicia y se evite la impunidad; frente a los graves crímenes denunciados por la Misión independiente de la ONU”.
“Así mismo; es un mensaje sólido a la comunidad internacional frente a la necesidad de rechazar el fraude electoral; que está configurando en Venezuela el régimen ilegítimo de Maduro”, agregó
También revela que “la democracia se restablecerá plenamente sólo con elecciones generales presidenciales y parlamentarias libres y con garantías”.
Relación del régimen con el crimen organizado
El grupo reafirmó su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional; e hizo un “llamado a autoridades internacionales a investigar a fondo las relaciones del régimen ilegítimo con el crimen organizado; el terrorismo, la corrupción y otras manifestaciones delictivas internacionales”.
En el último punto de la declaración “reitera la importancia de la cooperación internacional en la atención a la situación migratoria en países de acogida”.
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De los 16 países que asistieron a la reunión 14 aprobaron la declaración. Uno de los dos que no lo hizo fue Argentina; tras semanas de controversia con respecto a la crisis venezolana luego de que su embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de la misión de la ONU.
Sin embargo, Buenos Aires posteriormente emitió su voto a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien condenó las violaciones a los derechos humanos y renovó por dos años la Misión de Determinación de Hechos.
El informe de la misión
El documento presentado en septiembre señaló como responsable de violaciones de derechos humanos a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol.
También comprobó numerosos actos de tortura, en los cuales identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
Corte Penal Internacional
La CPI abrió la investigación luego de que seis países Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay; solicitaran abrir un expediente por los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores en 2017 que dejaron alrededor de 125 muertos.
La fiscal general Fatou Bensouda dijo que su oficina había realizado “avances significativos” en la causa y que esperaba “resolver la evaluación; sobre la jurisdicción de la materia en el curso de este año”.
La acusación está respaldada, por un informe del instituto Casla, que señala al régimen de Nicolás Maduro por llevar a cabo una “represión sistemática” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro; destacó que el “instituto presentó distintas pruebas respecto a la metodología de la tortura en los centros clandestinos bajo clara influencia cubana».
Se agrega a la evidencia a los informes de la OEA y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este último reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 de enero a mayo de 2019.
