Tras realizar un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda determinó este lunes que existen indicios suficientes para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno cometieron los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
En el documento señalan a los colectivos e indican que actuaron con complicidad de los cuerpos de seguridad del estado o con su consentimiento. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”, agrega el escrito.
La CPI mencionó los cuerpos de seguridad que estarían involucrados en los hechos quienes son “la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Además aparece también el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
De la misma manera aparecen en actuaciones de violación de Derechos Humanos, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Además se unieron acciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Igualmente el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb)”.
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Persecución política
Además, la máxima representante de la justicia internacional agregó en su informe final, la persecución política. Indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela. Esto, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
“La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar. A fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021″, explicó Bensouda.
Los crímenes que se habrían cometido son tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.
Ahora, la Fiscalía de la CPI pasará a la siguiente fase del proceso legal donde recabará nueva evidencia para luego identificar y serán acusados formalmente.
Luego, tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares confirmaran la identidad de los acusados. Finalmente determinarán, después de escuchar a las partes, si hay evidencia suficiente para iniciar un juicio para condenar o no a los señalados
