La Corte Penal Internacional (CPI) reconoció que existen «fundamentos razonables para creer que en Venezuela ocurren delitos de competencia de la Corte». Entre esos delitos se destacan los de lesa humanidad.
Así lo dejó claro la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, luego de una reunión que mantuvo con una delegación del régimen de Nicolás Maduro, encabezada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz. Esto en el contexto de la averiguación preliminar en curso sobre la violación de los Derechos Humanos.
Esta delegación trató de impedir que el proceso en contra del gobierno venezolano por delitos de lesa humanidad siguiera su curso normal; sin embargo la Corte expresó que las investigaciones seguirán adelante. La reunión se efectuó en La Haya, países bajos.
En tal sentido, Fatou hizo referencia a la situación que se vive en el país. La Fiscal de la CPI comunicó a la Fiscalía de Venezuela que había concluido su análisis de la materia. En tal sentido determinó que «existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte».
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Por otro lado, la CPI solicitó información a los funcionarios de Maduro sobre los procedimientos internos pertinentes en conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma. Este precepto legal internacional contiene los aspectos de hechos sobre crímenes de más transcendencia en la humanidad. Estos crímenes tienen que ver con genocidio, lesa humanidad, guerra y crímenes de agresión.
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De esta manera, durante la reunión, se plantearon una serie de aspectos relacionados con el proceso de investigación preliminar. A su vez revisaron sobre el estado de los dos análisis preliminares separados realizados por la Oficina en relación con Venezuela. Uno de estos análisis se llama «Venezuela I y el otro Venezuela II, iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020 respectivamente.
Por consiguiente, la Fiscal Fatou actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia en curso de la Fiscalía. Esta instancia internacional tiene como objetivo llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta del gobierno de Venezuela cae dentro de la jurisdicción de la Corte.
Por su parte el Fiscal General y la Defensoría del Pueblo se refirieron al sistema judicial en Venezuela y el trabajo de sus respectivas oficinas. Asimismo aseguraron su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma con el trabajo de Corte.
Para ello, el Fiscal General del régimen invitó al Fiscal Bensouda a visitar Venezuela.
