La relatora especial de la ONU, Alena Douhan ofreció una rueda de prensa este viernes luego de haber pasado dos semanas en el país y evaluar el impacto de las sanciones.
En sus declaraciones, indicó que el propósito de su visita fue evaluar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en la vida de los venezolanos.
Informó que se reunió con representantes del régimen, así como de sindicatos, sector privado, activistas de derechos humanos, víctimas y empleados públicos además de visitar hospitales y colegios públicos.
Luego indicó que Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2015, tras no reconocer las elecciones de ese año. Posteriormente, endureció las medidas en 2018 luego de las elecciones presidenciales.
“En 2019 EEUU aplicó sanciones a PDVSA, y reconoció a Juan Guaidó como Presidente Interino. Además ha impuesto prohibiciones de transacciones económicas con el gobierno venezolano y han impedido la llegada de combustible de origen iraní”, agregó.
Asimismo, desde 2017 la Unión Europea ha aplicado sanciones unilateralmente en temas de armas, telecomunicaciones, entre otros y la prohibición de viajes a varios funcionarios. También se congelaron activos del régimen en varios países de Europa.
México congeló activos venezolanos y Colombia prohibió la entrada de 200 personas vinculadas al régimen.
Ingresos por la producción petrolera han caído por las sanciones
“Con la monoproducción del petróleo Venezuela adquiere alimentos y medicinas, pero desde 2014 sus ingresos en esta área han disminuido desde la caída de los precios”, destacó la relatora especial.
Douhan consideró que las medidas han agravado la disminución del ingreso por la producción de petróleo a lo que se suma los cuatro años de hiperinflación.
“A pesar de las reformas económicas aplicadas por el gobierno, las medidas coercitivas impiden que estas den fruto, y han mermado la ejecución de los programas sociales”, lamentó.
Servicios públicos en decadencia
Asimismo, destacó que la fuga de personal calificado ha producido que los servicios públicos hayan decaído en un 30%.
“La mayoría de la población no tienen acceso continuo al servicio de agua potable por tuberías, al haber carencias en la infraestructura y falta de personal, así como falta de agentes químicos para purificar el agua, cuya calidad ha descendido en 30%”, enumeró uno de los problemas en servicios públicos.
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“Me preocupa que por falta de equipos, repuestos y personal competente, impide que los venezolanos disfruten de su derecho al agua”, lamentó.
“Ha bajado la calidad de los alimentos. Ha aumentado el trabajo infantil. El programa de distribución de alimentos (caja CLAP), creado en 2017, ya no cuenta con variedad de productos”, criticó.
Educación
Sobre la educación pública en todos los niveles dijo que estos no han recibido el apoyo gubernamental desde 2015 lo cual dificulta el acceso a uniformes, equipos de oficina, entre otros.
Además destacó que las clases a distancia son casi imposibles en Venezuela luego de la falla eléctrica de 2019 que afectó el satélite de comunicaciones.
“Veo con preocupación la falta de socios financieros y de transporte internacional, impide el mantenimiento del sistema eléctrico ante la imposibilidad de importar repuestos. Esto afecta directamente el derecho a una vida digna de las personas”, alertó.
Campañas por cambio de gobierno violan principio de no intervención
La relatora especial de la ONU destacó que las campañas por promover un cambio político en Venezuela violan el principio internacional de no intervención en asuntos internos y la soberanía.
“El impedir a funcionarios venezolanos, sin vinculación a actividades ilícitas, impide que estos puedan cumplir con sus funciones diplomáticas”, subrayó.
Además, reiteró que el congelamiento de activos del Banco Central de Venezuela exacerba la crisis y las necesidades de los más vulnerables.
“Las sanciones impuestas al gobierno venezolano y sus compañías afectan al pueblo venezolano, como mujeres, niños, personas con condiciones crónicas de salud”, subrayó.
Sobre la migración masiva dijo que esta ha provocado la separación de las familias y la crianza de los niños con sus abuelos.
Se mostró preocupada por los informes de mala distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y detención de personal humanitario y miembros de ONG.
Por último, la relatora especial de la ONU exhortó a los Estados a levantar y reevaluar las sanciones tomando como base los principios humanitarios y la soberanía de otros Estados. Asimismo, exhortó al régimen y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a cumplir con los acuerdos de entendimiento.
“Instó al gobierno venezolano a invitar a otros relatores temáticos, tomando como base el compromiso anterior de invitar a 10 relatores y expertos de Naciones Unidas”, concluyó.
