ONU critica multas en Perú por alquiler de viviendas a inmigrantes. Expertos de Naciones Unidas en derechos humanos cuestionaron la modificación de una ley en Perú.
La ley sanciona con fuertes multas el alquiler de viviendas a inmigrantes irregulares y señalaron que la vivienda es «un derecho humano de todas las personas».
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Esto depende de la nacionalidad y la condición migratoria.
«Las personas migrantes y refugiadas, como cualquier otra persona, deben estar protegidas frente a los desahucios y tener acceso a una vivienda que les permita vivir con dignidad», señalaron.
Esto lo hicieron en una declaración conjunta difundida en Ginebra el relator sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal; y el experto en derechos Felipe González.
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Señalaron que se estima que en Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia.
Y que muchas de ellas se quedarían sin hogar si se multa a los propietarios que les proporcionan alojamiento.
«Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación», opinaron.
Señalaron que la medida también afectará a miles de familias peruanas que dependen de los ingresos que obtienen por esos alquileres.
Los expertos recordaron que ya el año pasado habían advertido de que esa reforma legislativa no se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos.
«Instamos al Tribunal Constitucional de Perú a que garantice que en el país se respeta el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas, sin discriminación alguna», dijeron los expertos.
Panel de la OEA exige a la CPI actuar de esta manera
Panel de la OEA exige a la CPI actuar de esta manera. El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó “conclusiones alarmantes”.
Asegura, revelan cómo las reformas institucionales en Venezuela “perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas” por los presuntos crímenes de lesa humanidad.
Santiago Cantón (Argentina) y Joanna Frivet (Mauricio), miembros del panel, advirtieron de “la urgente necesidad de que actúe” el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Con información de EFE
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