Este viernes un grupo de organizaciones humanitarias pidió a la Fiscalía de El Salvador abrir una investigación al presidente Nayib Bukele; y también a los jefes del Ejército por el supuesto encubrimiento a la masacre de 1.000 civiles en 1981; al impedir un trámite judicial y violar una medida cautelar sobre los archivos militares relacionados con el crimen.
Las organizaciones expresaron que el presidente salvadoreño estaría resguardando a los responsables de la masacre de El Mazote. Según el mandatario los archivos para la investigación habían sido destruidos hace 40 años.
Posición de los grupos de derechos humanos
David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal por la matanza dijo, «creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos».
Morales señaló que el bloqueo a la inspección de archivos «es una clara posición política de proteger criminales de guerra»; «sin importar que cometieron delitos; lo cual han admitido públicamente».
Según el representante de las organizaciones, el presidente manifestó el pasado 24 de septiembre, durante una cadena nacional de radio y televisión, su decisión de no permitir la inspección judicial.
«La mayoría de las afirmaciones del presidente en la cadena nacional sobre el caso de El Mozote y los archivos son falsas. No existía posibilidad de que se pudieran inspeccionar archivos recientes», dado que estos «están ordenados por año, por tema, por serie y existen instrumentos de control de archivo, que es una especie de índice», agregó.
Por su parte, Bukele presentó cinco cajas pequeñas con documentos supuestamente relacionados con la matanza; y aseguró que serán entregados a la Fiscalía y al juez del proceso, sin embargo, se desconoce si ya fueron entregados.
La masacre de El Mozote
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981; unidades elites del Ejército ejecutaron aproximadamente 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada. Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
