El director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathann Mustiola denunció que el retardo procesal de los juicios a los presos políticos militares en Venezuela es de hasta 750 días.
“Hoy denunciamos con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares. Lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa de la COVID-19. Y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados”, explicó Mustiola.
Los juicios deben ser breves
Explicó que todo proceso judicial debe ser breve, así lo establece el principio de eficacia procesal definido en el artículo 257 de la Constitución. Pero en Venezuela sucede todo lo contrario.
“En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal”, sentenció.
El también abogado detalló que el Código Orgánico Procesal Penal señala el concepto de concentración el cual establece que “…Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles…”.
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Recalcó que este principio está siendo violado reiteradamente en todos los órganos de justicia del país.
“Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación “Vuelvan Caras”, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del COPP señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio”, agregó.
Acotó que este retardo procesal no es una consecuencia de las pandemia.