Este jueves, la ONG de Venezuela Control Ciudadano comunicó que 51 ciudadanos fueron «abatidos» por subalternos de los órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el pasado diciembre.
«En diciembre, Control Ciudadano contabilizó 51 ‘abatidos’ en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB; en operaciones que se desarrollaron en 11 entidades federales del país», señaló la ONG a través de un comunicado de prensa.
Además, indicó que estas muertes estuvieron argumentadas por el Estado venezolano, por tratarse de presuntos «enfrentamientos con delincuentes», sin embargo a juicio de Control Ciudadano, podrían nombrarse en la mayoría de los casos como «ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».
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Por otra parte, la organización indicó que este registro se fundamenta en un monitoreo regular de medios de comunicación; que dan recuento de los «abatidos» en manos de policías y militares en toda Venezuela.
«Se pasó de 73 personas abatidas en noviembre a 51 en diciembre de 2021. No aparece ninguna mujer como abatida en el registro», agregó.
Señaló que los fallecidos se registraron en Miranda y Carabobo con 11, Zulia con 8, Trujillo con 7; Bolívar con 4, Aragua con 3, Anzoátegui con 2, Portuguesa, Nueva Esparta y Monagas con 1.
Agregó que los principales órganos de seguridad implicados en este tipo de «ejecuciones» fueron el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 16; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) con 8, comisiones mixtas de policías con 8 y la Policía de Carabobo con 7.
«El análisis de los datos está mostrando como cada vez más se están involucrando las Policías estatales y las Policías municipales; en esta práctica que parece ser una política de Estado», explicó la ONG.
Control Ciudadano
Indistintamente, para Control Ciudadano salta a la vista como en la generalidad de las operaciones donde se reportan «abatidos»; intervienen comisiones mixtas de policías y militares; sin establecer la línea de mando u oficial responsable del procedimiento, «con lo cual se dificulta la determinación de responsabilidades; en caso de violaciones a los derechos humanos».
Igualmente, la organización hizo un llamado a la Fiscalía General del país caribeño para que en todos los casos de «abatidos» en operaciones ejecutadas por órganos de seguridad del Estado y componentes de las Fuerzas Armadas; se avancen «las investigaciones correspondientes, que permitan determinar responsabilidades de ser el caso». Con información de EFE
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