El régimen de Nicolás Maduro criticó el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet sobre Venezuela por “carecer de información veraz que sirve para alimentar la campaña mediática contra el país”.
El embajador del régimen ante la Oficina de la Organización de Naciones Unidas, Héctor Constant Rosales fue quién dijo estas palabras.
En una videoconferencia realizada en Ginebra, Suiza, señaló que “a Venezuela le preocupa que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados con las autoridades venezolanas; a pesar de la presencia de la oficina en el terreno y de los mecanismos de diálogo existente con el Estado venezolano”.
“No podemos hablar de la situación de Derechos Humanos en Venezuela sin referirnos al terrible impacto de la vida cotidiana de mi pueblo. De las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus más cercanos aliados. En detrimentos del derecho internacional, lo que constituye un crimen de lesa humanidad”, dijo.
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Pidió que el Consejo y la Alta Comisionada deben condenar y velar por el cese de las sanciones que menoscaben los derechos humanos.
Reiteró que Venezuela no disminuirá en la cooperación alcanzada con la Oficina de la Alta Comisionada en Caracas. Y preservará el diálogo entre ese organismo y todos los órganos del Estado para dar cumplimiento a la carta de la ONU.
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“Estamos sin duda frente a la constitución de atroces crímenes de lesa humanidad que no podrá seguir siendo callado por el poder mediático transnacional”; concluyó.
Revisarán relaciones
Por otro lado, a través de un comunicado de la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Jorge Arreaza, dijo que revisarán la relación con la Oficina de la Alta Comisionada. También considerarán la renovación de la Carta de compromiso.
Considera que las declaraciones de Bachelet son desacertadas. «Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos», destaca el texto oficial.
El canciller asegura que el Gobierno de los Estados Unidos a través del Grupo de Lima promueve estas posturas; «en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos».
