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ONU: Maduro debe rendir cuenta por “crímenes de lesa humanidad”

El régimen de Nicolás Maduro debe rendir cuenta por la ejecución de “crímenes contra la humanidad”, dijo este miércoles la Misión Internacional de las ONU que investiga las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.

“El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza”. Así lo dijeron en su primer informe publicado este martes.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, investiga desde hace un año las denuncias sobre violaciones de DDHH en el país.

Durante este lapso ha investigado 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos.

El informe de 443 páginas recoge además la revisión de otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Crímenes de lesa humanidad

Aunque reconocen la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión también constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos, habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos.

En este sentido identifican patrones de violaciones y crímenes, altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado. Además señalan que es parte de un curso de conducta generalizada y sistemática, que se constituyen como “crímenes de lesa humanidad”.

De acuerdo al informe, se constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia responsables de esas violaciones.

Por tanto, resaltan que Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Además subrayan que éstos dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

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Ejecuciones extrajudiciales con “licencia”

En el texto además hacen referencia a las ejecuciones extrajudiciales. Indican que Venezuela tiene una de las tasas más altas en America Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

De los 16 casos de operaciones policiales y militares que investigaron, resultaron 53 ejecuciones; mientras que de 2.552 incidentes adicionales detectaron que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad. Sin embargo aclaran que no todos pueden considerarse arbitrarios.

Asimismo se destaca la muerte de 413 personas durante las 140 Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) ejecutadas entre 2015 y 2017.

Las OLP fueron diseñadas por el régimen de Maduro con el objeto de enfrentar la criminalidad en el país, un programa altamente elogiado por los altos funcionarios a pesar de las constantes denuncias de violación de los DDHH y el uso exagerado de las fuerzas y armamentos de guerra.

Desmantelar las FAES

Pese a la eliminación de las OLP en 2017, las ejecuciones extrajudiciales continuaron. Del 59% de estas muertes se responsabiliza al CICPC y al FAES.

Según el informe, funcionarios de la PNB/FAES dijeron que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”. Un proceso conocido como «sembrar».

Además los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.

Llama la atención de la Misión que la gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos.

“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen,” dijo Marta Valiñas.

La Misión reitera el llamado hecho por la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michell Bachelet: Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas.

Detenciones y tortura

Otros aspectos considerados en el informe tienen que ver con la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado como el Sebin.

Destacan la detención de personal civil, militar y políticos que se oponen al régimen. Además subraya las condiciones a las que están o estuvieron sometidos durante la reclusión.

Los testimonios recogidos detallaron que las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

“Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante,” dijo Francisco Cox.

Asegura además que las autoridades de alto nivel dentro del Sebin y el Dgcim, “tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes”.

Sin independencia de poderes = inmunidad

Por otro lado destaca que en Venezuela el poder judicial está comprometido con el régimen de Maduro; y no ha servido para controlar a otros agentes del Estado.

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

 “Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.

El 23 se presentará al Consejo de DDHH

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, está integrada por Marta Valiñas (presidenta), Francisco Cox Vial y Paul Seils. La misma se estableció en virtud de la resolución 42/25, el 27 de septiembre de 2019.

Fueron encomendados por el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en Venezuela desde 2014.

Aunque la misión no pudo visitar Venezuela debido a que el régimen no respondió a las reiteradas solicitudes. También por las restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19, por tanto vía remota realizó las entrevistas pertinentes y revisó pruebas.

El próximo 23 de septiembre la Misión presentará el informe en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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