INTERNACIONALES

Juicio a la “enfermera de Chávez” inicia esta semana

Esta semana inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.

El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros al norte de Miami).

«Ni la señora de Guillén ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno», dijo a EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo.

La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado.

Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también extesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, quien sería el «testigo estrella».

Presidente del canal venezolano Globovisión

En los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a la «enfermera» de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera.

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El matrimonio, extraditado desde España, es conocido como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer.

Los acusados fueron detenidos en España en 2021 después de que Estados Unidos los reclamase por delitos relacionados con blanqueo de capitales.

La defensa afirma que no «transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita».

Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.

Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.

Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, entre otros.

España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría «peligro su integridad», un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó.

Con información de EFE.
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