Este miércoles 23 de septiembre, el Gobierno interino de Bolivia precedido por la presidenta Jeanine Áñez, acusó a la anterior administración de Evo Morales de desviar de forma supuestamente ilícita, más de 16 millones de dólares; aportados por el régimen de Venezuela, a empresas bolivianas, de España y de Estados Unidos, con el fin de “comprar” medios de comunicación.
El ministro interino, Yerko Núñez, afirmó que el dinero sirvió a través de esas empresas para “comprar” medios de comunicación para difundir una imagen “favorable” del Gobierno de Morales; y una imagen persecutoria contra sus rivales políticos.
En representación de la presidenta interina Núñez, explicó en una rueda de prensa que un informe de la Unidad de Investigación Financiera del Estado boliviano; descubrió un “presunto ilícito” por el uso de recursos del estado transferidos a empresas privadas.
Presuntamente esos recursos sirvieron para la compra de acciones de tres medios de comunicación, como el de la cadena de televisión ATB en Bolivia.
Indicó que el dinero lo aportó Venezuela, a través de su embajada en La Paz. Mientras que denunció que el gerente de ATB, el empresario Marcelo H. usó esos fondos para su cadena y otras empresas de Estados Unidos y de España.
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El portavoz detalló que “más de 4,5 millones de dólares fueron a España”; mientras que más de 10 se destinaron a Estados Unidos “a nombre de Jodan S.”.
Investigación del Gobierno interino de Bolivia
Entre tanto, las unidades de Investigación Financiera y de Proyectos Especiales tramitan una denuncia por supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa; mientras que el ministerio de la presidencia interina prepara otra denuncia por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La acusación será contra Juan Ramón Quintana, antiguo ministro de la Presidencia de Morales; y Rolando Sánchez, exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales del Estado boliviano.
Núñez, calificó a Quintana como “articulador de una estructura criminal de poder que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas, para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión”.
Señaló además que “Los recursos serían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al Gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS”; en referencia al Movimiento al Socialismo, el partido de Morales que durante casi catorce años gobernó Bolivia.
