Según un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) alerta que la desigualdad y la pobreza han aumentado en Venezuela producto de las sanciones internacionales.
La investigación asegura que varias de esas restricciones han tenido «efectos negativos en la población (en términos de mayor) desigualdad y pobreza».
«Luego de tres años, los resultados son bastante mediocres (…) la crisis ha empeorado y no se ha logrado el cambio político», señala el texto. Tras remarcar que las sanciones no iniciaron la recesión económica ni el colapso financiero en el país. Pero sí han profundizado el deterioro en la calidad de vida de los venezolanos.
Aclaran que no buscan quitarles responsabilidad a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sino que lo que quieren es demostrar que estas medidas no están cumpliendo con el objetivo de poner fin a la dictadura venezolana.
Agregaron que las sanciones internacionales “exacerbaron el autoritarismo” en el país caribeño y “están generando repercusiones importantes en su economía”. «Trayendo como consecuencia una pérdida importante de bienestar en la población».
Escasez de gasolina en zonas rurales, se pagan hasta 3 dólares por litro
En el informe se ejemplifica el hecho de que medidas como prohibir el intercambio de crudo por gasolina. No tiene ningún efecto en el flujo de caja de la estatal petrolera Pdvsa pero si en el bolsillo del venezolano común.
Sanciones desde 2017
Las primeras sanciones impuestas por EE.UU. a Venezuela comenzaron en 2017 cuando Washington prohibió la renegociación de la deuda y la emisión de bonos de Pdvsa.
En esa misma acción se prohibió el pago de dividendos al Gobierno de Venezuela por parte de empresas venezolanas radicadas en EE.UU. como Citgo.
«A los meses de esas sanciones, Venezuela y Pdvsa incurrieron en impago de sus deudas (…) es irresponsable decir que las sanciones originaron el ‘default’, pero fueron la excusa perfecta para una situación que ya se vislumbraba», dice el informe al recordar que la economía venezolana viene cayendo desde el primer trimestre de 2014.
Pero estas restricciones no tuvieron un impacto real en la comercialización del petróleo hasta que se impusieron las de 2019 en donde se prohíbe a personas naturales y jurídicas realizar cualquier intercambio comercial con Pdvsa o sus filiales.
