Gobierno de Maduro negó «desapariciones forzadas». Esto lo aseguran después del examen de la presentación de su «informe periódico» sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Esto se hizo ante el Comité de 18 expertos elegidos por el voto secreto de los 173 países que ratificaron dicho Pacto.
Delegación del gobierno
La delegación del gobierno de Nicolas Maduro, negó las «denuncias» de «desapariciones forzadas», y «criticó» las «fuentes», del Comité.
De acuerdo a sus «observaciones finales» del examen, publicado en Ginebra.
«Al Comité le preocupa seriamente las denuncias de casos de desaparición forzada, incluido de corta duración, de ejecución extrajudicial y sumaria, y de otras formas de uso ilícito de la fuerza atribuidos a autoridades estatales».
Fuerzas
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«Además de fuerzas militares, servicios de inteligencia civil y militar, así como a grupos armados privados, presuntamente financiados por las autoridades estatales», revela el informe, sobre un Pacto ratificado por Venezuela en 1978.
«También preocupan las denuncias relativas al recurso arbitrario a la detención y la privación arbitraria de libertad, incluida reclusión en régimen de incomunicación en «casas clandestinas», destaca el documento.
«Sin que se respeten las garantías jurídicas mínimas básicas, así como la privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositores al gobierno», precisa el Comité.
Examen oral
Tras su examen oral con los representantes del Estado venezolano, del 10 y 11 de octubre pasado.
Asimismo «preocupa la alarmante impunidad en relación con los casos denunciados y lamenta profundamente que la delegación haya negado esas denuncias.
Además, de criticar las fuentes de las denuncias de desapariciones forzada y ejecuciones extrajudiciales en su diálogo con el Comité».
Un hecho sin precedentes, ahora de dominio público en Ginebra. Careciendo de datos oficiales, las denuncias de ONG’s.
Y notas periodísticas, del 2000 a la fecha, al menos serían 14.000 víctimas, tomando en consideración ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
En consonancia, el Comité le formuló a Venezuela una serie de recomendaciones, empezando por «revisar el marco jurídico para asegurarse de que todas las formas de desaparición forzada».
«Estén claramente definidas en el derecho penal y que las penas asociadas sean proporcionales a la gravedad del delito».
«De conformidad con las normas internacionales, y velar por que esas disposiciones penales se apliquen en la práctica».
La encomió «garantizar que todas las personas privadas de libertad sean recluidas únicamente en establecimientos oficiales».
Además, gozan de todas las garantías jurídicas, incluido el acceso a un abogado, el contacto con un familiar, y que sean llevadas sin demora ante un juez..
Y a su vez «impartir a las fuerzas militares, los servicios de inteligencia civil y militar, las fuerzas de seguridad, los funcionarios judiciales y otros funcionarios».
Asimismo «velar por que se investiguen sin demora y de manera imparcial y exhaustiva todas las acusaciones».
«Y denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales sumarias, y todas las formas de uso ilícito de la fuerza asegurando que los autores directos».
«Y mediatos sean enjuiciados y, si son declarados culpables, castigados con sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos».
Con información Desde Ginebra
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