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Experta de la ONU llegó a Venezuela para revisar impacto de sanciones

Con el objetivo de revisar el impacto de las sanciones contra Venezuela; la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos, Alena Douhan, arribó este sábado #30Ene al país.

Douhan estará en Venezuela, en una visita oficial; la cual iniciará este lunes #1Feb hasta el 12 de febrero; en donde revisará el impacto de las sanciones en Venezuela

La experta de la ONU llegó al aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía; y fue recibida por la viceministra para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del régimen madurista, Daniela Rodríguez.

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Asimismo estuvo presente el embajador venezolano ante las Naciones Unidas; y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Héctor Constant.

Es de mencionar que Douhan manifestó su plena disposición de “examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo; si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas, y en qué medida”.

A través de un comunicado de la ONU; indicó que “me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”.

Se reunirá con diversos dirigentes políticos

La Relatora Especial en su visita por Venezuela tiene previsto reunirse con altos funcionarios del régimen venezolano. Así como también tendrá encuentros con el  Consejo Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial; representantes de organizaciones internacionales, el cuerpo diplomático, la sociedad civil, sectores de la oposición, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares.

Es de mencionar, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2014, estableció el mandato del Relator Especial; tras la preocupación del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional por el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de la población civil.

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