jueces en Nueva York decidirán sobre la deuda venezolana
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El destino de la deuda venezolana depende de los jueces de Nueva York

El futuro de la deuda externa venezolana ha tomado un giro tras el anuncio del régimen de Nicolás Maduro sobre una oferta para los tenedores de bonos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Electricidad de Caracas.

Los economistas José Gonzales y Francisco Rodríguez participaron en un foro virtual donde desarrollaron este tema.

Para Rodríguez, director del programa Petróleo Por Venezuela, “el país tiene una deuda muy alta, pero esencialmente tiene una deuda que, para una economía de nuestro tamaño, es imposible pagar y dado este escenario, si no hay una restructuración de deuda, no va a ser posible emprender un proceso de crecimiento sin tener a los acreedores totalmente encima de Venezuela”.

Aclaró que, al momento de emitir la deuda, Venezuela atravesaba una bonanza petrolera y las cifras del endeudamiento eran manejables. Sin embargo, la contracción y el desastre económico, fue causado por el mal manejo de las políticas del régimen.

Régimen de Maduro propone reestructuración condicionada de deuda de Pdvsa y EDC

Legado económico de Chávez

Rodríguez, en su intervención señalada por Hispano Post, dijo; “Uno de los grandes legados negativos del gobierno de Hugo Chávez, periodo donde más se emitió deuda externa por el boom petrolero, fue la acumulación de la misma. Podemos decir que la deuda externa venezolana en su momento no fue tan grande, para la dimensión que tenía la economía”.

Precisó que “para el año 2012 la deuda era de 131 mil millones de dólares y esa deuda era 37 puntos del producto interno bruto (PIB). Hoy en día la deuda externa de Venezuela es de 165 mil millones de dólares, un poco mayor, y eso se debe básicamente a la acumulación de intereses por el default de algunas obligaciones. Pero esa deuda ahora es 284% del PIB.

Añadió “que la deuda no creció desorbitadamente, lo que pasó es que el PIB se desmoronó. Venezuela tenía un PIB de 12 mil dólares per cápita, hoy es de apenas 3 mil dólares per cápita”.

A su juicio el futuro de la deuda externa venezolana se definirá en las cortes de Nueva York; debido a la protección de activos que ha emitido el gobierno de Donald Trump a favor del gobierno interino de Venezuela, único reconocido por EEUU.

La única solución de está radica en la modificación de las políticas económicas de Venezuela; y así reestructurar la deuda al menor costo posible para salir del default que mantiene con grupos importantes de acreedores en el mundo entero.

El planteamiento del régimen

Rodríguez indicó que la propuesta de Nicolás Maduro no tendrá impacto en los mercados internacionales debido a que tiene poca factibilidad que los acreedores de los bonos consideren seriamente esta oferta condicionada.

La corte de Nueva York

Por su parte, el experto en banca de inversiones, José Gonzáles, está convencido que la decisión final de la deuda externa venezolana dependerá de los jueces en las cortes de Nueva York.

Aseguró que “la decisión final no va a depender de los acuerdos o las propuestas del deudor, manifestada en dos instancias, el gobierno de facto y la del gobierno legítimo, sino de lo que decida un juez.

Indicó «la verdad es que esta es una oferta que nadie esperaba por parte del gobierno de Maduro; y lo primero que los acreedores van a consultar es el espíritu de la misma y cómo afecta la prescripción de los bonos”.

“Lo que sí ha quedado muy claro es que no existe ninguna oferta para el pago de estos bonos; lo que hay es una intención del gobierno de facto de honrar sus obligaciones y eso no significa que las vaya a pagar”, sentenció.

Recalcó que un grupo de bonistas iniciaron acciones judiciales para liquidar a Citgo Holding, con el fin de recuperar parte de la deuda; proceso judicial que influirá de una manera definitiva, después del mes de octubre, cuando se vence el bono Pdvsa 2020.

El especialista asegura que actualmente el mercado no quiere ni comprar ni vender deuda venezolana, por las sanciones. Por lo tanto, los tenedores de deuda no van a entregar su derecho de litigio, “firmando un acuerdo con el gobierno”.

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