Congreso español tramitará iniciativa para regularizar a 500.000 extranjeros. El pleno del Congreso español decidió tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 extranjeros.
Una propuesta respaldada con la firma de unos 612.000 ciudadanos.
Cámara
La cámara baja aprobó iniciar el procedimiento por una amplia mayoría de 310 diputados, con 33 en contra.
Votaron a favor la coalición de izquierdas que forma el Gobierno, la oposición conservadora.
Y pequeños partidos como los nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Únicamente se manifestó en contra del partido de extrema derecha Vox.
Los grupos parlamentarios advirtieron, no obstante, que precisarán su posición sobre la cuestión de fondo en su momento.
Es decir, durante el correspondiente debate legislativo.
Promueven la iniciativa numerosas entidades sociales, con el apoyo de la Iglesia católica, entre otras entidades.
El Partido Socialista, el principal del Gobierno, había confirmado que apoyaría que se tramitase la ILP para enmendarla después, sin detallar en qué sentido:
«No vamos a jugar ni a la barra libre (de entrada de inmigrantes) ni al cierre de fronteras», señaló su portavoz, Patxi López, en una comparecencia de prensa.
La diputada conservadora Sofía Acedo planteó grandes reservas sobre la iniciativa, desde cuestiones técnicas hasta un potencial efecto llamada de la inmigración irregular.
Pero indicó que su grupo no impediría su trámite.
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La parlamentaria de Vox Rocío de Meer que también aludió a un potencial efecto llamada, relaciona inmigración irregular con inseguridad.
Algo que le reprocharon los socialistas como «discurso de odio».
La iniciativa popular comenzó hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas con el objetivo de dar al Gobierno seis meses.
Para aprobar el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encontrasen en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Según los promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos inmigrantes, alrededor de 500.000, según calculan.
Y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad española, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
España soporta una gran presión migratoria, principalmente procedente del continente africano por vía marítima.
Con información de EFE
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