Según un informe del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) “en Venezuela ocurren más de dos casos de persecución o criminalización por día. Es decir, cada 10 horas una persona u organización de la sociedad civil la persiguen o la criminalizan”.
En el informe de este centro realizado por las investigadoras Nicole Hernández y Sara Fernández, se registraron al menos 434 actos de persecución y criminalización. Todos estos actos perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro durante el primer semestre del año.
En este informe se apunta que, “Maduro, en el ejercicio de una política que busca su perpetuación en el poder, asume un control total sobre el aparato estatal. Ha silenciado a todos los actores que a criterio del gobierno son enemigos de su ideología política”.
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En este sentido, Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, dijo que “hemos documentado los patrones en contra de la disidencia y hemos analizado la pérdida de la institucionalidad democrática en el país”. Al mismo tiempo recordó que estos informes los presentan desde el año 2014.
Igualmente Cepaz alerta que, «durante 2021 agudizó la censura en Venezuela: “El acceso a la información es cada día más limitado. Como consecuencia se señalan al menos tres factores: el cierre de los espacios de información y expresión, la criminalización que ha sido ejercida contra la labor periodística y los efectos de la emergencia humanitaria compleja”.
En conclusión, esta ONG defiende que se «debe poner fin a la aplicación de patrones de criminalización, persecución, represión. Además de erradicar el control ejercido contra organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, trabajadores de la salud, personas vinculadas con la política y sus familiares, y la población en general».
